Metges de Catalunya (MC) critica la nueva ley reguladora de contratos a terceros de servicios sanitarios, sociales y educativos que prepara el Govern, ya que entiende que abre la puerta a una externalización masiva de prestaciones que hoy todavía están en manos de la gestión pública. El proyecto normativo incluye dentro de su ámbito de aplicación los servicios de atención primaria de salud, consultas externas, rehabilitación, diálisis, urgencias y cirugía mayor ambulatoria, entre otros.
El secretario general de MC, Josep Maria Puig, ha lamentado al Ara que este proyecto de ley de contratos de servicios a las personas –rebautizada como ley Aragonès, en referencia al vicepresidente económico del Govern, Pere Aragonès– "abre la posibilidad a externalizarlo casi todo y supone trocear la sanidad y que pueda terminar en manos de la empresa privada". De hecho, ha señalado que la palabra externalización es un eufemismo para referirse a la privatización de servicios: "Es una forma moderna de decir privatizar", ha manifestado a El Periódico.
Puig ha recordado que la gestión pública directa es la mejor fórmula de prestación de servicios básicos y fundamentales para la ciudadanía, como la sanidad, y ha clarificado que la contratación a terceros con ánimo de lucro es una vía para transferir recursos públicos al sector privado. En este sentido, ha asegurado que el proyecto de ley (en fase de alegaciones parlamentarias) del ejecutivo catalán amplía este camino y lo convierte en una carretera por la que podría circular el beneficio privado, en contra de la apuesta que hizo el anterior Govern para publificar el sistema sanitario.
"Tengo la sensación de que este proyecto de ley debe tener una respuesta social contundente. Tenemos que defendernos, porque nos pueden privatizar la sanidad a marchas forzadas. Están construyendo la autopista para que, en un futuro, no haya impedimentos legales para hacerlo", ha afirmado Puig.
Asimismo, ha criticado que la nueva normativa prevea la subcontratación de "partes accesorias" de los Servicios con empresas o entidades especializadas, lo que podría dificultar su control y empeorar las condiciones laborales de los profesionales.
La ley de contratos de servicios a las personas fue impulsada por el conseller de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia, Raül Romeva, en la anterior legislatura. La intervención de la autonomía, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del gobierno español, paralizó la nueva regulación y en noviembre pasado, el actual vicepresidente del ejecutivo catalán y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, volvió a defenderla en el Parlament.
Actualmente, la iniciativa legislativa se encuentra en tramitación parlamentaria y una ponencia debate las enmiendas que se han presentado. Los plazos de aprobación dependerán de estos trabajos.
