Metges de Catalunya (MC), Sindicato Médico Andaluz (SMA) y Sindicato Médico de Euskadi (SME) se han reunido este viernes con la ministra de Sanidad, Mónica García. El encuentro, solicitado por las tres organizaciones el pasado 2 de abril, se enmarca en la voluntad de que la administración sanitaria “dé respuesta y ofrezca soluciones” a algunas de las problemáticas “perentorias” que afectan al personal facultativo y son competencia del Ministerio de Sanidad. Los sindicatos han valorado positivamente la receptividad de García a sus demandas que, como mínimo, "son representativas del 50% de los facultativos del Estado".
Los responsables sindicales han situado sobre la mesa tres aspectos concretos relacionados con el ejercicio de la profesión médica, sobre los que Sanidad podría incidir con actuaciones que “reforzarían el liderazgo, el bienestar y el futuro de los facultativos del Sistema Nacional de Salud (SNS)”.
En primer lugar, han reiterado su petición para que se inicien los trámites necesarios para la creación del grupo profesional A1+ como categoría de referencia del personal facultativo que reconozca la singularidad de una profesión cuyas competencias específicas “requiere más de una década de formación y una actualización continua de conocimientos, con un desarrollo laboral constantemente sometido a riesgos profesionales y jurídicos”. Esta nueva clasificación, además, debería actuar como reconocimiento implícito de la necesidad de mejorar las condiciones laborales y retributivas de los facultativos “para que el sistema público de salud sea atractivo y competitivo para las nuevas generaciones, recuperando su capacidad de retención del talento médico que se forma en nuestro país”.
En segundo lugar, MC, SME y SMA han manifestado a la ministra García su demanda de "poner orden" en la delegación de competencias médicas al personal de enfermería. Esta medida, al alza en el conjunto del SNS, se toma como “solución efectista” frente al déficit de personal facultativo que sufren todos los niveles asistenciales. Sin embargo, las tres organizaciones cuestionan el encaje jurídico de estas medidas teniendo en cuenta la relación de funciones y competencias que establece la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS). "El conocimiento médico es insustituible, como bien sabe la ministra por su propia condición de anestesióloga, ya que la delegación de funciones también afecta a los procedimientos de sedación", han remarcado.
Así, el diagnóstico clínico y otras funciones específicas son “actos médicos para los que sólo están formados y capacitados los médicos”. En este sentido, han recordado a García que la transferencia de estas y otras competencias a profesionales no cualificados comporta un triple riesgo: para los pacientes, a los que se expone ante posibles errores, contraindicaciones o negligencias; para el personal facultativo, que a menudo debe validar actuaciones que no ha realizado ni supervisado; y para las propias enfermeras, que no tienen la cobertura legal para llevar a cabo estas actuaciones. Por ello, han pedido que se refuerce el blindaje de competencias que debe asumir cada colectivo profesional según la normativa vigente.
Proyecto de Ley de Gestión Pública
Por su parte, MC ha aprovechado la reunión para compartir con la ministra sus aportaciones al Proyecto de Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud que se encuentra en fase de consulta pública. El secretario general de MC, Xavier Lleonart, ha explicado a García la propuesta del sindicato, consistente en facilitar legislativamente que todo el personal sanitario de la red concertada catalana se sitúe bajo el control del Departament de Salut. De esta manera, la consejería "podría hacer una planificación esmerada de las necesidades de recursos humanos", ya que, a diferencia de la situación actual, tendría el conocimiento y los datos sobre el puesto de trabajo, la especialidad o la situación contractual de todo el personal del servicio público de salud.
“La única manera de planificar adecuadamente las plantillas de los centros sanitarios para que la cartera de servicios públicos se preste de forma equitativa y con garantías de calidad es que la Administración tenga un control riguroso de sus profesionales. Esto permitiría corregir iniquidades, gestionar la necesidad de refuerzos y sustituciones o asegurar el relevo generacional”, ha argumentado Lleonart. Además, ha añadido que esta medida se podría ejecutar "sin ningún coste añadido" porque actualmente la Generalitat ya asume los sueldos de los profesionales del SISCAT por la vía de los conciertos, y "tampoco sería estrictamente necesario que estos trabajadores se convirtieran en funcionarios".
Los tres sindicatos han definido el encuentro como "constructivo" y han destacado el "profundo conocimiento" de García respecto de las problemáticas que afectan al colectivo médico, y, en este sentido, han logrado dos compromisos. Por un lado, mantener abierta la vía de diálogo, de modo que ésta sea la primera de más reuniones, y, por otro, el compromiso de que las legislaciones que afecten al ejercicio de la profesión médica y la prestación de los servicios asistenciales cuenten siempre con la opinión y las aportaciones de los representantes de los facultativos.
