Metges de Catalunya (MC) ha denunciado ante la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) una serie de presuntas actuaciones "irregulares" en la gestión del Hospital de Sant Pau de Barcelona –inmerso en un expediente de regulación de empleo (ERE) desde el pasado mes de noviembre– relacionadas con retribuciones indebidas a dos ex altos cargos de la Generalitat y uno del Gobierno central, así como con indemnizaciones que podrían esconder "premios" a personas con funciones directivas dentro de la institución.
El sindicato ha pedido a la OAC que investigue y compruebe los hechos denunciados y, si procede, inste a los organismos competentes a abrir las diligencias administrativas o judiciales oportunas para poner fin a las supuestas irregularidades.
Para MC, el origen del problema se remonta a 1991, cuando el Hospital de Sant Pau se desdobla en dos fundaciones privadas: una patrimonial, que es propietaria de un inmenso capital inmobiliario transmitido a la institución a lo largo de los años, mediante donaciones, herencias y legados que se han cedido al hospital para la beneficencia y la atención sanitaria, y la otra gestora, que es la que presta servicios sanitarios públicos y a la que se le ha asignado el déficit histórico que arrastra el centro.
Este desdoblamiento de la personalidad jurídica, al que hay que añadir una tercera fundación dedicada a gestionar los recursos económicos públicos y privados destinados a la investigación, ha supuesto un trasvase "irregular" de cargos y de sueldos de una fundación a otra que, según el sindicato, se ha escapado del control público.
Déficit millonario
El Hospital de Sant Pau ha cerrado el ejercicio de 2011 con un déficit de más de 18 millones de euros y con la ejecución de un ERE temporal que, actualmente, está suspendido, hasta que la Administración no resuelva el recurso presentado por el comité de empresa contra la autorización del expediente.
Paralelamente a este recurso, MC presentó a finales del año pasado una denuncia ante el juzgado de instrucción de Barcelona contra dos cargos del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, por un presunto delito de prevaricación en la aprobación del ERE.
