Metges de Catalunya (MC) celebra la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de tumbar definitivamente el euro por receta, impulsado por el Govern de la Generalitat, ya que así se anula "una tasa lineal que rompía el principio de igualdad y constituía una barrera en el acceso a los medicamentos", al no discriminar a los pacientes según la complejidad de su enfermedad y su nivel socioeconómico.
El sindicato expresa su satisfacción porque los catalanes ya no tendrán que pagar un "doble peaje" para adquirir sus fármacos, dado que al euro por receta se añadía el nuevo copago farmacéutico en función de la renta de las personas que aprobó el ejecutivo central en 2012.
Tras esta resolución del alto tribunal, MC recomienda al Govern indagar nuevas fórmulas para reducir el gasto sanitario que no castiguen a los pacientes ni tampoco a los profesionales de la salud. Como ejemplo, propone establecer una financiación selectiva de los medicamentos más económicos, en igualdad de principio activo y de dosis, o la retirada de la subvención pública de los fármacos sin eficacia terapéutica acreditada, medidas con las que se "generaría un mayor ahorro económico".
La sentencia del TC, que se ha conocido este martes, argumenta que el euro por receta "hace más costoso para los ciudadanos de Catalunya la adquisición de medicamentos con receta, puesto que el pago de la tasa [que califica de 'controvertida'] es una condición para su dispensación" y supone un agravio respecto al resto de ciudadanos del Estado.
El nuevo gravamen de la Generalitat estuvo en vigor desde el 23 de junio hasta el 31 de diciembre de 2012. Durante este tiempo, y según datos del Govern, se recaudaron 45,7 millones de euros y se expidieron un 21% menos de recetas con respecto al mismo período del año anterior.
Un recurso presentado por el gobierno español supuso, a principios de 2013, la suspensión cautelar de la aplicación del euro por receta. Paralelamente a este tira y afloja legal, también comenzó a aplicarse el nuevo sistema de copago de medicamentos decretado por el ejecutivo central, que, entre otras cosas, supuso que, por primera vez, los pensionistas pagaran una parte del precio de los fármacos.
