Metges de Catalunya (MC) manifiesta su "sorpresa" e "irritación" por el informe encargado por la Generalitat de Catalunya a la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) que propone la privatización de 13 grandes instituciones sanitarias públicas, la mayoría consorcios, con 18 hospitales, 46 centros de atención primaria (CAP) y casi un centenar de otros dispositivos asistenciales, según informa hoy el diario El País.
El sindicato reclama al consejero de Salut, Boi Ruiz, que haga público el estudio, titulado "Aproximación a un nuevo planteamiento estratégico para las empresas públicas y consorcios de salud de la Generalitat", y que aclare el coste para el erario público de la contratación de los servicios de PwC en el año 2011, que incluye este y otros informes "en plena vorágine de recortes sanitarios".
MC exhorta Ruiz a explicar con "claridad y transparencia" la "verdadera estrategia" de su departamento respecto a las reformas sanitarias futuras, tanto en el Institut Català de la Salut (ICS) como la red sanitaria concertada (XHUP). En este sentido, la organización recalca la "contradicción" entre las manifestaciones del consejero el pasado miércoles ante la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, en las que aseguraba que no privatizaría ni la sanidad pública ni el ICS, y el encargo de un informe que evalúa las opciones de privatizar centros sanitarios.
A juicio del sindicato médico, de llevarse a cabo los planteamientos del estudio presentado por la consultora, "supondría el fin de la sanidad pública tal como la conocemos y el cambio del modelo asistencial catalán".
MC reitera su "rechazo" a la privatización de la sanidad pública, dado que "no hay ningún estudio objetivo que certifique que la privatización de la gestión sanitaria mejora los resultados asistenciales, así como tampoco los económicos".
Ante esta evidencia, el sindicato considera que las reformas privatizadoras pueden fundamentarse en "motivos ideológicos", pero en ningún caso de "contexto económico". Así, MC solicita un "auténtico debate político-social" donde participen todos los agentes sociales y profesionales para "estudiar la racionalización del sistema, no sólo desde una proyección económica sino también desde la perspectiva clínica y asistencial".
