Metges de Catalunya (MC) considera que el escrito de defensa que ha presentado el Gabinete Jurídico Francesc José María, representante legal de la patronal Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), contra las medidas cautelares decretadas el pasado 31 de marzo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la provisión de equipos de protección individual (EPI) al personal facultativo, es de una "gravedad extrema". Para el sindicato, mayoritario entre el colectivo médico, es "inaudito" que la defensa empresarial solicite al tribunal que deje sin efectos la medida consistente en requerir al Instituto Catalán de la Salud (ICS) y a las entidades concertadas demandadas por MC que proporcionen a los facultativos todas las medidas de protección necesarias para que puedan desarrollar sus funciones asistenciales en condiciones de seguridad en la actual pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.
La organización, que no cuestiona el derecho de defensa de las empresas, valora como una "irresponsabilidad" que este legítimo derecho se manifieste en forma de oposición a la provisión de equipos de protección individual (EPI) contra una enfermedad infecciosa que, hasta ahora, ha afectado 44.000 profesionales sanitarios y que ha causado la muerte de 59 en el conjunto del Estado español. "No podemos consentir que se aporte como un argumento válido que la protección de la salud de la población tiene prioridad sobre la protección de otros colectivos, como es el caso de los médicos y otros trabajadores esenciales. Esto es una inmoralidad", afirma el presidente del Sector de Hospitales concertados de MC, Xavier Lleonart.
En este mismo sentido, el presidente del sindicato médico, Jordi Cruz, conmina a los órganos de gobierno y a las gerencias de las entidades sanitarias concertadas a hacer una "reflexión de carácter ético" sobre las alegaciones que están formulando sus abogados. "La discrepancia de planteamientos o el rol que desempeña cada actor del sistema no puede justificar que se pida la anulación de una medida de protección que, en última instancia, protege la vida de los trabajadores", remarca.
El dirigente sindical añade, además, que el colapso del mercado de materiales de protección que aduce el gabinete jurídico "no puede justificar la negación del reconocimiento de la necesidad de obtenerlos" y, en cualquier caso, "es responsabilidad de las empresas la planificación de las compras, en tiempo y forma, y la gestión de los proveedores de materiales fundamentales para la prestación de la asistencia sanitaria".
El argumento del colapso de mercado es "vago", para Xavier Lleonart, ya que "a nadie se le ocurriría esgrimirlo para justificar, por ejemplo, una falta de fármacos sedantes en los centros hospitalarios. La misma lógica aplica a los equipos de protección", asevera.
