El comité de huelga estatal, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), responde al Ministerio de Sanidad que en las últimas horas ha señalado a los sindicatos médicos como responsables de la suspensión de una reunión con las comunidades autónomas, un señalamiento que en ningún caso se corresponde con la realidad y que obliga al comité a exigir la dimisión de la ministra por la reiteración en la manipulación del relato en los últimos meses.
El Ministerio de Sanidad comunicó ayer, 22 de abril, a las comunidades autónomas la suspensión de la reunión prevista para este jueves entre las distintas administraciones sanitarias y el comité de huelga, sosteniendo que la reunión había sido solicitada por las organizaciones sindicales, a las que reprochan haber rechazado su última propuesta y mantener convocada la huelga que tendrá lugar la próxima semana. Las organizaciones integrantes del comité insisten en que esta versión de los hechos no se ajusta a la realidad y omite elementos esenciales del desarrollo de las negociaciones, trasladando la responsabilidad del conflicto al propio comité y a las comunidades autónomas.
En la reunión celebrada el pasado viernes 17 de abril, los representantes ministeriales plantearon como posible vía de salida al conflicto la creación de mesas de negociación específicas para el colectivo médico y facultativo en el ámbito de las comunidades autónomas. Para ello, el ministerio se comprometía a trasladar esta propuesta a las autonomías e impulsar un eventual acuerdo a tres bandas que garantizara su constitución.
En este contexto, el comité manifestó su disposición a estudiar la propuesta y a comunicar posteriormente su posición al ministerio, y quedó expresamente establecido que la reunión con las comunidades autónomas solo tendría lugar en caso de que esta propuesta fuera aceptada por los convocantes de la huelga. Tras su análisis, la propuesta del ministerio resultó inviable desde el punto de vista jurídico. El marco normativo vigente impide la creación de mesas de negociación propias para el colectivo médico y facultativo sin una modificación previa de la legislación básica estatal. Los fundamentos jurídicos que sustentan esta conclusión son tan claros y contundentes que cuesta creer que los servicios jurídicos del ministerio los desconocieran. En consecuencia, el comité de huelga trasladó formalmente al ministerio el rechazo de su propuesta, lo que hacía innecesaria la convocatoria de la reunión con las comunidades autónomas.
El propio ministerio es conocedor de que cualquier solución efectiva al conflicto requiere necesariamente una reforma de la legislación básica del Estado que permita la creación de una mesa de negociación propia, así como el establecimiento de un estatuto específico para médicos y facultativos. Estos son los primeros pasos imprescindibles para abordar el resto de las demandas en materia de clasificación, jornada, jubilación, etc., pero sin una modificación normativa previa, las comunidades autónomas no tienen competencias para constituir estas mesas en el ámbito autonómico.
A pesar de ello, el ministerio elude su responsabilidad y opta por sostener un relato que desplaza el origen y la persistencia del conflicto hacia otras partes, en lugar de abordar el problema desde el rigor jurídico y la coherencia normativa que la situación exige.
El objetivo de construir este relato engañoso e interesado explica la manipulación y tergiversación sistemáticas del contenido de las negociaciones por parte del ministerio, lo que ha llevado al comité a reclamar que estas reuniones sean grabadas.
Esta falta de rigor y buena fe negociadora dificulta seriamente la posibilidad de avanzar hacia una solución a un conflicto que exige respuestas estructurales y no meras propuestas inviables en el marco legal actual.
Por todo lo anterior, el comité de huelga reitera su petición de la dimisión de la ministra Mónica García o, en su defecto, su cese inmediato.
