MC acusa al ICS de fomentar la prescripción enfermera a pesar de que sus servicios jurídicos la tachan de "ilegal"

Metges de Catalunya (MC) acusa al Institut Català de la Salut (ICS) de fomentar la prescripción enfermera de medicamentos y la delegación de solicitudes de pruebas complementarias al personal de enfermería, a pesar de que sus servicios jurídicos tachan estas acciones de “ilegales”.

Según un informe de la Asesoría Jurídica del ICS, al que ha tenido acceso el sindicato, el personal de enfermería “no puede prescribir o indicar el uso de cualquier medicamento” que esté sometido a prescripción médica y "no puede recibir una delegación en este sentido”.

Aunque reconoce que la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos crea una habilitación legal, para que las enfermeras puedan prescribir medicamentos sin receta médica, el informe señala que ni en Catalunya ni en el resto del Estado “se ha desarrollado esta posibilidad”, de modo que “el personal de enfermería no puede indicar el uso de medicamentos, con o sin receta”. “Si un enfermero o enfermera hace una receta de un medicamento que por ley debe extender un médico sería un acto ilegal”, concluye el documento.

Los servicios jurídicos del ICS también confirman que no hay “base (legal) suficiente como para quebrantar el hecho de que es el médico quien debe solicitar una prueba complementaria". Incluso, recalcan que, si un protocolo permite a la enfermera pedir este tipo de prueba, "contravendría la ley".

Para MC, este informe demuestra que el sindicato tenía razón, cuando hace un año criticó el traspaso de competencias médicas a enfermería y formalizó su rechazo en el Consell de la Professió Mèdica de Catalunya.

La organización considera que las funciones de los médicos y las enfermeras están perfectamente delimitadas en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y advierte que no aceptará una intromisión de funciones profesionales, que conculquen la legislación vigente.

MC estudia la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía por si la conducta de la administración es delictiva