Metges de Catalunya (MC) expresa su satisfacción por la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el polémico proceso de estatutarización obligatoria de los facultativos de Asistencia Pública Domiciliaria (APD) y de cupo y zona, como dictaba la reforma sanitaria aprobada por el gobierno español en abril del año 2012, en el marco de las medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).
El sindicato, uno de los principales bastiones de la defensa de los derechos laborales y profesionales de este colectivo, se congratula de la resolución emitida por el alto tribunal, ya que desactiva definitivamente una “norma injusta” que modificaba unilateralmente las condiciones de trabajo consolidadas a lo largo del tiempo de los facultativos APD y de cupo y zona, dejando sin efecto la voluntariedad de integración regulada hasta entonces en el Estatuto Marco.
El Constitucional argumenta que el precepto de integración forzosa supone una "intromisión" en la competencia autonómica sobre la gestión de los recursos humanos a su servicio. En concreto, señala que se trata de una regla que "afecta intensamente a la organización y funcionamiento de los órganos administrativos autonómicos y a sus potestades para organizar su propio personal", tal como propugnaba MC.
Por este motivo, el tribunal admite el recurso de inconstitucionalidad que presentó el gobierno de Asturias y decreta la nulidad de esta polémica norma.
Neutralización
En Catalunya, la presión y el trabajo incansable de MC neutralizó hace tres años la estatutarización obligatoria de los facultativos APD y de cupo y zona. Primero, el Departament de Salut sacó, a finales de 2013, una orden por la cual el proceso de integración de los APD como personal estatutario fijo del Institut Català de la Salut (ICS) pasaba a ser voluntario. Después, una resolución del ICS fijaba que el personal sanitario que percibiese haberes por el sistema de cupo y zona podía continuar transitoriamente, a partir del 1 de enero de 2014, bajo esta modalidad retributiva y de prestación de servicios.
Previamente, el sindicato había dirigido un escrito al entonces conseller de Salut, Boi Ruiz, para que emprendiese las acciones “políticas, legales y administrativas” oportunas a fin de que el gobierno español dejase sin efecto el proceso de integración obligatoria de este colectivo. Incluso, había planteado a la Generalitat la posibilidad de crear una mesa de negociación específica para intentar consensuar una solución “lo menos lesiva posible” para estos profesionales.
A instancias de MC, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) también hizo llegar al Ministerio de Sanidad el enfado de los facultativos APD y de cupo y zona, y la petición para que derogase la integración forzosa decretada el año 2012.
