Las plazas vacantes que por segundo año consecutivo ha dejado el examen MIR -131, todas ellas de la especialidad de medicina familiar y comunitaria y después de dos convocatorias- ha atizado el debate sobre la retención de los residentes en el sistema sanitario público. Una circunstancia a la que hay que añadir las renuncias de los graduados que han escogido plaza pero que han renunciado a ella antes de tomar posesión, o que la han abandonado una vez iniciada la residencia. En declaraciones a los medios de comunicación tras presentar la oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) para la convocatoria 2023-2024, el ministro de Sanidad, José Miñones, ha explicado que el ministerio estudiará fórmulas jurídicas para evitar las renuncias a las plazas MIR previamente adjudicadas. Según Miñones, la propia Abogacía del Estado recomienda esta regulación, que podría consistir en prohibir a los residentes que renuncian que se vuelvan a presentar al examen MIR en los años inmediatamente siguientes, o limitar el número de plazas de cada convocatoria que pueden ser ocupadas por los residentes recirculantes, es decir, que vuelven a presentarse a la prueba o que quieren formarse en una nueva especialidad.
El secretario MIR y de jóvenes facultativos de Metges de Catalunya (MC), Àlex Mayer, comparte la preocupación por las plazas vacantes y por las renuncias, porque dejan muchos centros sanitarios en una situación "complicada" por la falta de personal y porque es una "disfunción" que el sistema no tenga la posibilidad de formar a todos los especialistas que necesita para responder a la demanda asistencial de la población y para garantizar el relevo generacional de los profesionales. “Es una anomalía que, si el número de candidatos supera en miles la cantidad de plazas ofertadas, al final del proceso de adjudicación queden puestos desiertos. El ministerio y las comunidades autónomas deberían hacer una profunda reflexión sobre el sistema MIR en su conjunto”, afirma Mayer.
En este sentido, el representante sindical no cree en la eficacia de las medidas punitivas que desea plantear el ministerio, sino en los cambios en positivo. “Cualquier medida que no pase por seducir a los MIR está condenada al fracaso”, apunta Mayer, que recuerda que la especialidad más afectada por el desinterés de los facultativos es la medicina familiar y comunitaria, como demuestran las 290 plazas de Familia perdidas este año entre vacantes y renuncias.
La "mala imagen" que arrastra la medicina de familia, debido a las "difíciles" condiciones de trabajo en los centros de atención primaria, lastra la especialidad que ofrece más plazas, pero que también es la última en ocuparlas. “Si quieren captar y retener a residentes de Familia, la mejor medida es reducir la sobrecarga de los médicos y médicas de los CAP y darles control sobre su agenda asistencial. Mejorar las condiciones de la atención, facilitarles el acceso a la investigación y la investigación y ofrecerles posibilidades reales de conciliación”, detalla Mayer.
Sin embargo, también considera necesario establecer algún mecanismo de “repesca” para garantizar que toda la oferta de plazas de FSE quede cubierta, a pesar de las posibles renuncias. "Siempre y cuando no implique sanciones", puntualiza.
