Metges de Catalunya (MC) ha solicitado a la Mesa del Parlament que se detenga la creación del nuevo ente que ha de gestionar la sanidad pública en Lleida y también todos aquellos proyectos que se están poniendo en marcha en Girona y Tarragona para integrar los servicios sanitarios públicos, "hasta que no se establezcan por ley los requisitos básicos de estos despliegues territoriales".
El sindicato considera que estos procesos de reordenación sanitaria "van más allá de las políticas coyunturales de austeridad y sobrepasan la acción de gobierno", por lo que pide que "se abra un proceso participativo real" con todos los agentes sanitarios implicados para debatir y consensuar "el modelo sanitario que debe permitir seguir prestando el servicio público y de calidad que, por mandato estatutario y legal, debe llevar a cabo el Govern de la Generalitat".
MC sostiene que la constitución de estas nuevas entidades gestoras "no nace de una necesidad jurídica, ni asistencial, ni organizativa, sino de una voluntad política" que está poniendo en duda el modelo sanitario actual. "No hay ningún impedimento legal para que el Institut Català de la Salut –ICS– lleve a cabo lo que pretende que haga el nuevo ente de Lleida", ejemplifica la organización, que recuerda que la nueva ley del ICS de 2007 "permite agilizar su funcionamiento y descentralizar su toma de decisiones, sin necesidad de atomizar y disgregar la empresa".
Además, insiste en que la proliferación de nuevos organismos de derecho público, consorciados o no, "en lugar de agilizar y simplificar el sistema público de salud, todavía empeorarán su hipertrofia estructural" con nuevos cargos y mandos.
Por otra parte, el sindicato también critica la falta de planificación en la gestión de los recursos humanos de los nuevos entes, donde coexistirán trabajadores estatutarios, laborales y funcionarios con diferentes regulaciones laborales "que tienen una incidencia directa en la organización de los servicios".
Con todo ello, MC concluye que la reordenación sanitaria territorial que promueve el Govern "no es oportuna en estos momentos, y más teniendo en cuenta que Catalunya está inmersa en un proceso para decidir su propio futuro y también el de la sanidad". En este sentido, ve una "incongruencia" tomar medidas que "hipotequen" el futuro de una de las principales estructuras de Estado como el ICS.
