"Os estáis equivocando". Unas palabras que suenan a advertencia y que ha tenido que escuchar un representante de Metges de Catalunya (MC) después de pedir, a través de la ley de transparencia, que las empresas sanitarias con contratos suscritos con el Servei Català de la Salut (CatSalut) y con al menos el 25% de sus ingresos provenientes de los presupuestos públicos, hagan públicas las retribuciones de sus directivos.
Hay que recordar que se trata de una petición que, en circunstancias normales, no habría que hacer porque la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno es vigente y se debe cumplir. La realidad, sin embargo, es que la demanda deviene, a ojos de las entidades a las que se les ha reclamado la información, una mala jugada y un exceso del sindicato.
Cuesta entender esta reacción cuando no hay nada que ocultar y es más previsible cuando ocurre lo contrario. El objetivo de MC con esta actuación no es otro que reclamar el cumplimiento de la ley, por un lado, y disponer de todos los datos que permiten evaluar con rigor el estado financiero de una empresa, por otro.
Si todos los trabajadores del Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (SISCAT) tienen sus retribuciones publicadas en tablas salariales y convenios, ¿por qué los sueldos de los directivos deben ser opacos? Si se pide más justificación para cumplir con el deber de transparencia sólo hay que recordar que la fuente que financia el salario de estos cargos proviene, en su mayoría, de las cuentas públicas.
De la excelente y cuidadosa actuación de nuestro representante -que cuenta con todo el apoyo legal e institucional de MC- y a partir de los datos de que ya disponemos, podemos empezar a extraer algunas conclusiones. Después de más de seis años de recortes (en inversiones, pero especialmente en personal y sueldos), se puede afirmar que los ajustes no se han sufrido con la misma intensidad en todos los niveles. Mientras la pérdida de poder adquisitivo ha sido de entre un 20% y un 30% para los facultativos, los altos cargos de las entidades de salud han mantenido retribuciones comparativamente desproporcionadas. Lo veremos y lo acabaremos de contrastar cuando tengamos a nuestro alcance todos los datos solicitados, pero el impacto en términos de poder adquisitivo de un recorte salarial del 5% no es el mismo percibiendo 40.000 que 150.000 euros anuales.
En nuestro sistema sanitario se han aplicado sangrantes recortes, han despedido a miles de personas por la vía de expedientes de regulación de empleo (ERE), se han cerrado camas y quirófanos y se han derivado recursos a empresas con ánimo de lucro. El sufrimiento y los esfuerzos han caído básicamente del lado de los trabajadores, tal como han reconocido el actual y el anterior consejero de Salut.
En el futuro inmediato no se pueden seguir tolerando planteamientos de ajustes y recortes mientras los que los proponen "porque no hay más remedio" lucen sueldos superiores a los del máximo mandatario de Salut o el propio presidente de la Generalitat.
