La atención primaria en el Estado español ha soportado dos pandemias: la COVID-19 y la gestión sanitaria que ha sufrido una falta de planificación e inversión suficiente para afrontar la actual emergencia, situando el primer nivel asistencial “entre el abandono y el desmantelamiento”. Así lo ha denunciado este jueves Amnistía Internacional (AI), en un nuevo informe que certifica, una por una, todas las quejas y demandas planteadas desde hace tiempo por Metges de Catalunya (MC), para intentar “salvar” la puerta de entrada al sistema de salud.
El estudio, que ilustra la situación de la atención primaria en Catalunya, Madrid y Castilla-La Mancha, concluye que los gobiernos autonómicos deben reforzar "de manera urgente" las plantillas, para alcanzar la media de ratios de profesionales de la Unión Europea (UE) y hacer frente al aumento de la carga asistencial sobre el personal sanitario, además de incrementar la inversión en infraestructuras y recursos materiales de los centros de salud.
También reclama el establecimiento de un plan de sustituciones para cubrir las ausencias de profesionales y la adopción de medidas para desburocratizar las consultas. En cuanto a la dotación económica, insta a las administraciones a aumentar de manera progresiva la inversión asignada a la atención primaria en los presupuestos anuales, hasta alcanzar el 25% del total del gasto sanitario, como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Igualmente, reivindica un plan de recursos humanos que tenga como prioridad la estabilidad laboral, con una perspectiva de género, y una normativa que asegure un cupo máximo de pacientes por profesional para poder ofrecer una atención sanitaria adecuada.
Por otra parte, pide mecanismos de participación informada y efectiva del personal sanitario en el diseño e implementación de las políticas que le afecten, con medidas que garanticen la igualdad de género en todos aquellos espacios participativos y de toma de decisiones. Solo de este modo, asegura, se corregirá la situación actual del sistema sanitario, "donde la gran mayoría de profesionales son mujeres y, sin embargo, no están representadas convenientemente en los órganos de decisión".
Por último, el informe de la asociación internacional para la defensa de los derechos humanos interpela a los responsables sanitarios a eliminar las barreras de acceso a la atención primaria de los grupos más vulnerables y asegurar que las necesidades de salud de las personas mayores o con enfermedades crónicas o de salud mental están integradas en las estrategias de gestión sanitaria.
Situación agónica
La secretaria del Sector Primaria ICS de MC, Lourdes Franco, subraya que este análisis confirma la situación "agónica" que vive el primer nivel asistencial –se han hecho dos huelgas últimamente, una en 2018 y otra en 2020– y el estado de "desesperación" en el que se encuentran los profesionales, que se ha visto agravado por la pandemia.
“La COVID-19 ha puesto al descubierto los déficits que ya presentaba el sistema –explica– y el personal médico se siente desmotivado, desilusionado y agotado física, psíquica y emocionalmente". Según Franco, las plantillas están sufriendo por la población y su estado de salud, ya que las directrices organizativas dictadas por las instituciones "limitan, cada vez más, el seguimiento y la atención a la ciudadanía”.
Así, argumenta que el aumento de la cartera de servicios provocado por la pandemia no se ha traducido en un incremento del número de profesionales, "sobre todo de facultativos y facultativas que somos los que asumimos el 60% de la actividad asistencial en nuestros centros”. Esta falta de recursos humanos, unida a las bajas provocadas por el coronavirus o por el síndrome de agotamiento profesional (burn out) y las jubilaciones, hace "insostenible" el sistema. "¡Ya no podemos más!", exclama.
Franco exige al Departament de Salut que escuche a los profesionales y a los organismos internacionales, y que aplique las medidas recomendadas para que la atención primaria pueda dar el servicio sanitario que la población merece, "con unas condiciones laborales que no hagan enfermar a sus trabajadores”.
"Situar el primer nivel asistencial en el centro del sistema es una decisión política, pero, de momento, aunque este propósito se refleja en los discursos y programas electorales, solo se queda en una mera intención sobre el papel", lamenta.
