De loable cabe calificar el encargo que aprobó el Parlament de Catalunya, hace un año, para instar al Govern a elaborar un documento de bases para el futuro Pacto Nacional de la Salud por la sostenibilidad, la calidad y la igualdad del sistema sanitario público y universal. Era el 28 de febrero de 2013, cuando la cámara legislativa aprobó una moción de ERC, con 91 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones, que pedía al ejecutivo catalán tener listo en seis meses un texto, sobre el que poder edificar el nuevo modelo sanitario y, al mismo tiempo, blindar la sanidad del combate político diario.
Tres meses más tarde, el Govern acordó crear un espacio de diálogo (la comisión redactora del documento de bases) con el objetivo de impulsar y promover un amplio consenso político y social para un sistema sanitario público y universal. Una meta quizá demasiado ambiciosa, teniendo en cuenta la disparidad de voces que han participado: los portavoces de la Comisión de Salud parlamentaria y los representantes de todas las instituciones que forman parte del Consell Català de la Salut, es decir, sindicatos, entidades científicas, corporaciones profesionales sanitarias, organizaciones de usuarios, patronales, universidades y ayuntamientos.
El malestar que ha generado la política de recortes tampoco no han facilitado los trabajos de la comisión durante las 14 sesiones que ha celebrado. En este trayecto, algunas formaciones políticas y organizaciones sindicales no han sabido abstraerse de la coyuntura política del momento y han abandonado el barco antes de llegar a puerto, en un gesto más orientado a desgastar al Govern que a exteriorizar las desavenencias con un texto que todavía estaba en proceso de elaboración.
Sin embargo, la comisión ha podido cerrar un documento excesivamente genérico, impreciso y poco madurado, que tolera múltiples interpretaciones. Precisamente, esta calculada ambigüedad, sumada a la sensación de maltrato y al recelo del colectivo médico hacia la política sanitaria del Govern, ha acabado modelando el "no" de Metges de Catalunya (MC) al acuerdo de bases.
Un "no" porque la sanidad del futuro que propone el documento no supera los errores del pasado y perpetúa las deficiencias actuales del sistema, como la hipertrofia gerencial y de mandos que consumen unos recursos imprescindibles para la asistencia.
Un "no" porque mantiene la atomización de los centros de decisión de la política sanitaria que ha consentido corruptelas y despilfarros de dinero público, y que ha propiciado la sobredotación de equipamientos más vinculados a los caprichos políticos locales que a las necesidades reales del país.
Un "no" porque se olvida de simplificar la estructura sanitaria, a partir de la fusión de las empresas públicas adscritas al Servei Català de la Salut (CatSalut).
Un "no" porque desaprovecha la ocasión de separar (en la práctica) la provisión de la compra de servicios y avala al CatSalut como organismo garante de las prestaciones sanitarias públicas y distribuidor de recursos y, simultáneamente, como entidad gestora que se autocompra más del 80% de estos recursos.
Un "no" porque diseña un modelo sanitario low cost basado en la transferencia de competencias médicas a otros profesionales de la salud y, consecuentemente, en la devaluación del papel protagonista del médico en la asistencia.
Un "no" porque huye de cualquier compromiso de mejora salarial y de condiciones de trabajo para los médicos y mantiene un modelo asistencial que fundamenta su sostenibilidad en los salarios médicos más bajos de Europa.
Un "no" porque no aborda la necesidad perentoria de implantar un convenio médico que reconozca la especificidad laboral y profesional de los médicos en el sistema, e incremente su participación en todos los niveles de la gestión sanitaria.
Desgraciadamente, se ha perdido una buena oportunidad para que la sanidad catalana del futuro sea debatida en el Parlament, con un consenso previo de todos los agentes sociales, profesionales y académicos vinculados al mundo de la salud.
Pero en este punto, surge la duda de si realmente el Govern tenía la voluntad política de llevar adelante este acuerdo, dado que, mientras se producía el debate en el seno de la comisión, el ejecutivo aprobaba proyectos que de facto son auténticas reformas del sistema sanitario.
