Metges de Catalunya (MC) propugna que la salud es un derecho para todos "donde no caben exclusiones" y, en este sentido, se alinea con el Servei Català de la Salut (CatSalut) en la defensa legítima del acceso universal a la sanidad pública, ante la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender cautelarmente la ley catalana de universalización sanitaria hasta que no haya una sentencia definitiva. Esta resolución llega después de que este órgano colegiado haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado a finales de marzo por el gobierno español.
Desde un punto de vista legal, el sindicato considera que la restricción sanitaria impulsada por el ejecutivo central vulnera el derecho a la protección de la salud recogido en la Constitución y, al mismo tiempo, viola el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, englobado en la Carta Internacional de Derechos Humanos, que ratificó el Estado español y que le obliga a adoptar las medidas necesarias para asegurar la "asistencia médica y los servicios médicos en caso de enfermedad" a todos los individuos. Del mismo modo, recalca que la medida transgrede la Carta Social Europea que insta a los Estados miembros del Consejo de Europa "a velar para que toda persona que no disponga de recursos suficientes (...) pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los cuidados que exija su estado".
Por otra parte, MC manifiesta que la exclusión de la sanidad pública de una parte de la población por motivos administrativos es "éticamente indefendible", ya que mutila derechos fundamentales de la persona en colectivos desfavorecidos y vulnerables.
La organización niega, además, el argumento del ahorro económico argüido por el gobierno español para justificar la discriminación sanitaria de los inmigrantes sin papeles. Por un lado, porque la imposibilidad de que estos individuos sean atendidos en la red de asistencia primaria los obliga a recurrir a los servicios de urgencias, a menudo con una enfermedad más evolucionada que requerirá tratamientos más agresivos y más caros para el sistema, y por otro, porque el apartheid sanitario puede generar problemas de salud pública por la propagación de enfermedades infecciosas que, a la larga, encarecerán la factura sanitaria.
Desobediencia
En plena crisis económica, el ejecutivo central aprobó en 2012 un decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) que restringe la atención médica a los inmigrantes en situación irregular, los cuales solo pueden recibir "asistencia de urgencia por enfermedad grave o accidente, y por embarazo, parto y postparto".
Para sortear esta restricción, el Parlament de Catalunya dio luz verde en junio de 2017 la ley de universalización de la asistencia sanitaria, con cargo a fondos públicos a través del CatSalut, que el gobierno español ha recurrido ante el TC al considerar que contradice la regulación estatal. La ley garantizaba que todas las personas residentes en Catalunya tenían derecho a la asistencia, si acreditaban estar empadronadas en el territorio catalán.
Varios dirigentes del CatSalut han asegurado estos últimos días que se "garantizará la atención sanitaria a toda la población residente en Catalunya", a pesar de la suspensión cautelar de la ley que amenaza con excluir a más de 114.000 personas de la sanidad pública.
