Todas y todos somos plenamente conscientes de que el sistema sanitario público, tal y como lo conocemos, está en crisis. Lo que quizás no tenemos tan interiorizado es que, de un tiempo a esta parte, se está cuestionando el papel de los profesionales médicos en la misma estructura del sistema. Y este cuestionamiento se está llevando a cabo en varios ejes y por parte de distintos actores. Por una parte, se cuestiona si es necesario que sea el personal facultativo quien necesariamente haga determinados actos asistenciales que hacía hasta ahora (sedaciones, actuaciones en medicina de emergencias, etc.), y por otra, se pone en duda si la presencia de facultativas y facultativos es imprescindible en determinados dispositivos, como los Puntos de Atención Continuada (PAC) o las ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas (SEM). O si es necesario que se ocupen de atender las patologías supuestamente menores en los servicios de Urgencias hospitalarias. En definitiva, se cuestiona si el profesional médico debe seguir siendo el referente primordial para el diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud de la población.
Mientras esto ocurre, los médicos y médicas conservan la responsabilidad jurídica y las consecuencias legales de todas las actuaciones, también de aquellas de las que se les excluye. Es decir, deben validar o supervisar actos asistenciales, incluso prescripciones farmacológicas, en las que a menudo ni siquiera ven físicamente a los pacientes. Porque la única clave es la cobertura legalmente necesaria: contar con unos pocos profesionales que, con su titulación y con la ley en la mano, pueden dar cobertura jurídica al resto de profesionales que, sin esa salvaguarda, no podrían hacer lo que hacen.
Este camino y esa estrategia destinada a reducir y hacer cada vez más prescindible la figura del médico avanza inexorablemente, y, a menudo, lo hace con la indispensable colaboración de los propios facultativos. Hasta cuando lo permitiremos es la pregunta que debemos hacernos. ¿Hasta cuándo daremos cobertura a otros profesionales para que hagan nuestro trabajo? ¿Hasta cuándo validaremos prescripciones o informes de pacientes que no hemos visto? ¿Hasta cuándo aceptaremos, como mal menor, nuestra sustitución como profesionales para conseguir una supuesta reducción de la sobrecarga de trabajo?
Buena parte de nuestro futuro en el sistema dependerá (y depende) de lo que toleramos. La única forma de defender nuestras competencias es no cederlas, y menos aún permitir que alguien las asuma en nuestro nombre.
Si queremos que nos respeten y reconozcan nuestra valía profesional, no podemos mirar hacia otro lado.
