La crisis económica que estalló en 2008 ha generado una reacción casi psicótica sobre la necesidad de ahorrar. Tras convencernos que habíamos vivido "por encima de nuestras posibilidades" nos impusieron el dogma de la austeridad. El ahorro, los recortes y la contención del gasto son desde hace unos años los valores supremos de la gestión política. Y la sanidad no sólo no ha quedado al margen de esta 'doctrina del shock' sino que ha sido una de sus puntas de lanza.
Reducciones salariales y de plantilla, cierres de camas y quirófanos, limitaciones a la accesibilidad, copagos... todas las medidas que se han tomado en el ámbito de la salud desde que se produjo el seísmo económico han respondido a la (i)lógica del ahorro sin límites. La solución para, como decían, "hacer sostenible el estado del bienestar" ha sido implantar una medicina low cost. Dentro de este paradigma, los médicos son señalados por sus sueldos supuestamente elevados, aunque en realidad son los peor pagados de Europa, y se han convertido en un factor a restar sistemáticamente de la matriz del gasto.
Pero es muy arriesgado recortar el número de facultativos en un país que en pocos años ha pasado del 10º al 16º lugar del mundo en proporción de médicos por cada 10.000 habitantes, que ha sido alertado por la OMS por la insuficiencia de personal sanitario para poder atender la futura demanda de asistencia y que verá cómo en poco más de una década se jubila una parte importante del actual cuerpo médico. Ante esto, la solución que han encontrado es el "empoderamiento" del personal de enfermería para lograr una disminución progresiva y menos traumática de la plantilla médica.
Desde el año 2008, la transferencia de competencias médicas a los enfermeros y enfermeras ha ido creciendo y sólo se ha podido ralentizar gracias a las protestas de Metges de Catalunya (MC) y de los colegios profesionales. Primero fue el documento sobre la gestión enfermera de la demanda en la atención primaria del Institut Català de la Salut (ICS). La propuesta se encontró con la oposición del sindicato pero también de la propia asesoría jurídica de la entidad que tildaba de "ilegal" la práctica de la delegación de solicitudes de pruebas diagnósticas y la prescripción de medicamentos sujetos a receta médica por parte del personal de enfermería.
Y es que, con la ley en la mano, sólo el médico puede hacer de médico. Es decir, es el único profesional capacitado legalmente para certificar el estado de salud de una persona y el único competente para efectuar un diagnóstico médico. Las competencias profesionales y la forma en que se coordinan los equipos sanitarios se encuentran perfectamente definidas en la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS).
Sin embargo, las iniciativas para traspasar las funciones de los facultativos a otros profesionales han continuado y siguen muy presentes hoy en día, ya sean proyectos exclusivos del ámbito catalán o regulados a nivel estatal. Así, en Cataluña nos encontramos con la "Guía de actuación enfermera de urgencias y emergencias prehospitalarias", elaborada por la empresa pública Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que permite a los enfermeros diagnosticar y tratar médicamente a los pacientes de forma autónoma en las ambulancias. Mientras que el gobierno español ha estado a punto de aprobar un proyecto de real decreto sobre prescripción enfermera que, gracias a la movilización de los facultativos, se ha podido modificar para que la indicación de medicamentos con receta continúe en manos de los médicos.
El último intento lo ha vuelto a protagonizar el ICS con la distribución entre los Equipos de Atención Primaria (EAP) de un documento de mejora de la representación de los ámbitos de responsabilidad enfermera en el sistema de información asistencial de Atención Primaria y Comunitaria (e-CAP). Nuevamente un plan de actuación para ampliar las atribuciones enfermeras en el terreno de la prescripción, la incapacidad laboral transitoria (IT), el tratamiento anticoagulante oral (TAO), las derivaciones, la analítica y los traslados sanitarios. Y nuevamente con MC defendiendo los derechos profesionales de los facultativos y subrayando las ilegalidades de la medida.
El personal de enfermería tiene su legítimo derecho al progreso profesional. Los médicos conocemos de cerca su trabajo y somos los primeros en valorar y reconocer sus capacidades y la excelencia en el ejercicio de sus funciones. Defendemos el trabajo en equipo, la coordinación y la colaboración estrecha entre todos los profesionales responsables de prestar una asistencia sanitaria de calidad y al mismo tiempo defendemos las competencias naturales de cada profesión. La protección de las atribuciones de los facultativos es un ejercicio de respeto al esfuerzo formativo y un acto consecuente con la responsabilidad libremente asumida por el colectivo médico, además de una reclamación del cumplimiento de la legalidad vigente.
