La sanidad catalana vive una situación de excepcionalidad. Asediada por la crisis económica, intenta sobrevivir a golpe de recortes: menos recursos económicos y humanos para mantener una calidad asistencial muy valorada en los foros internacionales. Toda una paradoja.
Las medidas urgentes de contención del gasto y de reducción del déficit público, aprobadas por el Govern de la Generalitat a finales de mayo, han rebajado el salario del médico y, a su vez, han acentuado las carencias de personal, ya que la Administración sanitaria ha decidido restringir las ampliaciones de plantilla, no cubrir las plazas vacantes y sólo cubrir la mitad de las jubilaciones.
Esta no parece la mejor fórmula para afrontar la actual crisis del sector sanitario, que es más estructural que coyuntural. Las situaciones excepcionales requieren de respuestas excepcionales y ésta no lo es.
Hay que exigir al Govern una rectificación de las políticas sanitarias para no agravar el caos en el que está inmersa la sanidad catalana y del cual el médico no es responsable. Necesitamos un compromiso político rotundo para la sostenibilidad del sistema y un nuevo espacio para la negociación médica.
Ya no hay excusas para comenzar el tratamiento. El diagnóstico está hecho y actualizado: informes Vilardell, estudios del Consell de la Professió Médica de Catalunya y análisis de la demografía médica. Ahora es el momento de demostrar la valentía política y aplicar aquellas medidas extraordinarias que corrijan los errores cometidos.
Los médicos hemos hecho los deberes y con nuestro sobreesfuerzo hemos preservado la calidad asistencial, a pesar de las graves insuficiencias del sistema. Ahora la clase política debe mover ficha.
