La ola de revueltas ciudadanas que exigen un cambio de paradigma y una nueva manera de hacer política está cristalizando bajo un grito unánime: ¡indignación! Los médicos y las médicas no nos hemos quedado al margen de este enojo. Las batas blancas hemos sido las primeras en salir a la calle para protestar contra unos recortes injustos e indiscriminados que amenazan el sistema sanitario público.
La situación es preocupante. Los gobiernos se han atrevido a decidir el futuro de nuestro esfuerzo para desmembrar una red asistencial pública que, en las últimas décadas, se ha sostenido gracias al profesionalismo del personal sanitario. Los facultativos, con el fonendoscopio en la mano, hemos tenido que luchar contra un infrafinanciación crónica que ha hecho y hace tambalear la sostenibilidad del sistema.
Tenemos la fuerza del conocimiento médico, la confianza de nuestros pacientes y una formación excelente que, combinada con las nuevas tecnologías y los protocolos de medicina, nos permiten alcanzar tasas de morbimortalidad muy bajas a un coste irrisorio, tal y como lo demuestran las comparativas internacionales con otros sistemas de salud.
Sin embargo, no nos dejan aportar nuestro ADN médico al modelo para mejorar su gestión. Nos vetan la participación en los órganos de gobierno y silencian nuestra voz hasta construir un muro de incompetencia gerencial.
Ahora, para rizar el rizo, llegan los expedientes de regulación de empleo (ERE) en los centros de salud. Es el último capítulo de la proletarización del médico y no lo podemos consentir.
Indignémonos, pero más. Mucho más.
