Hemos pasado de presumir de tener la mejor sanidad del Estado español y una de las mejores del mundo –con una inversión por habitante por debajo de la media de nuestro entorno europeo– a desmantelarla a golpe de recorte, con el pretexto de ser una de las causas principales del déficit público.
En el año 2003, y en un acto de responsabilidad, Metges de Catalunya (MC) ya reclamó un pacto por la sostenibilidad del sistema, ante el crecimiento sin límites del modelo sanitario catalán y de su estructura burocrática.
Desde entonces, los diferentes gobiernos de la Generalitat han hecho oídos sordos y han ignorado el conocimiento médico como valor añadido del sistema. Nueve años más tarde, la gravedad de la crisis económica actual ha comportado medidas como la rebaja de los salarios a los empleados públicos, los recortes drásticos en la sanidad y las ayudas financieras a los verdaderos culpables de la recesión.
Paradójicamente, muchas de aquellas personas que ocupaban las cúpulas de las empresas y administraciones sanitarias en la época de bonanza presupuestaria son ahora los diseñadores y ejecutores de este tijeretazo.
Unos responsables que no revelan los intereses que se esconden tras la recomendación de contratar una mutua privada de salud o de recortar indiscriminadamente recursos sanitarios públicos, sin informar antes a los agentes sociales ni contar con la opinión del médico.
MC no quiere ser comparsa de esta política ni que se le acuse de haber callado cuando, dentro de un tiempo, salga a la luz el objetivo real del recorte. Por este motivo, quiere levantar acta pública de la injusticia que se está llevando a cabo contra la sanidad catalana y alertar del impacto que tendrá sobre la atención sanitaria.
Ante esta situación, el sindicato acusa de cobardía a aquellos políticos incapaces de penalizar a los verdaderos culpables de la crisis económica, a los que, en cambio, no les tiembla la mano cuando tienen que recortar los salarios de los profesionales de la salud, despedir personal sanitario o reducir la actividad asistencial.
Acusa de hipocresía a aquellos políticos que reclaman una mayor inversión para la sanidad cuando están en la oposición, pero que se olvidan de esta proclama cuando están en el gobierno.
Acusa de imprudencia al Govern por desmantelar el sistema sanitario público, con unas graves consecuencias para los pacientes y trabajadores de la salud.
Acusa de prepotencia a los gestores sanitarios por no escuchar la voz cualificada del médico al reestructurar el sistema, como máximo conocedor de los problemas y de las necesidades de la sanidad.
Acusa de oscurantismo a la Conselleria de Salut por no informar previamente a los sindicatos de la situación real de las empresas sanitarias, las medidas de austeridad y los planes de futuro para la sanidad.
Acusa de irresponsabilidad a la Conselleria de Salut por mantener la hipertrofia burocrática del sistema sanitario que genera un gasto ineficaz e innecesario.
Y acusa de mercantilismo al conseller de Salut, Boi Ruiz, por recomendarle al ciudadano, desde un principio, que suscriba una mutua de salud, para hacer frente a las carencias provocadas por el recorte sanitario.
