Metges de Catalunya (MC) ha remitido este jueves al Ministerio de Sanidad un documento de alegaciones a la modificación del decreto de prescripción enfermera, aprobado el 2015 por el gobierno español, que permitirá a los enfermeros prescribir medicamentos sin necesidad de un diagnóstico médico preliminar, circunstancia hasta ahora contraria a la legalidad. En el pliego de consideraciones presentado durante el trámite de consulta pública del nuevo proyecto normativo, el sindicato insiste en que “la indicación de cualquier fármaco, esté o no sujeto a prescripción médica, requiere siempre de un diagnóstico previo” y, en este sentido, recalca que el acto de diagnosticar es competencia “exclusiva” del médico.
Como ya alegó con el proyecto de decreto catalán de prescripción enfermera, MC rechaza la prescripción colaborativa –aquella que realiza el enfermero en la atención, seguimiento y control de la evolución de patologías crónicas diagnosticadas y tratadas por el médico dentro de un protocolo establecido–, ya que cree que la atención al paciente “tiene que ser individualizada y adaptada en cada momento” del proceso terapéutico, y “no puede quedar encasillada en un protocolo, sino que ha de quedar supeditada al criterio médico”. En caso contrario, advierte que se podría poner en peligro la salud de las personas atendidas.
Ahora bien, si el nuevo decreto mantiene la prescripción colaborativa, el sindicato exige que se respete minuciosamente lo que establece la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, en relación a la acreditación de enfermería por medio de cursos de formación específica reglada. En este caso, considera que la acreditación no se podría hacer “con carácter general para todo el colectivo enfermero, sino que se deberían atribuir funciones personalizadas, de acuerdo con el perfil y las capacidades individuales de cada profesional de enfermería”.
Paralelamente, MC critica que, para la elaboración de estos protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, el Ministerio de Sanidad no cuente ni con las sociedades científicas ni con los equipos multidisciplinares de los centros sanitarios, concentrando todo el proceso en la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde el colectivo médico está en minoría y, por tanto, las decisiones se podrían consensuar en contra de su opinión.
Otro de los aspectos rechazados por el sindicato es la obligatoriedad de cumplimiento de los protocolos que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE). “Esto limitará el criterio médico e ignorará los rápidos avenes en los diagnósticos y tratamientos que utilizamos habitualmente”, asegura. Para la organización, esta rigidez comportará la “funcionarización del día a día de la sanidad”, a la vez que propiciará “su parálisis en un momento en que la agilidad en la toma de decisiones se ha convertido en un puntal para aligerar la presión asistencial”.
