Un año más, Metges de Catalunya (MC) se suma a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se celebra cada 25 de noviembre. El sindicato médico, representante de un colectivo altamente feminizado, abandera desde hace años la lucha por la igualdad y contra la violencia machista, especialmente en el ámbito que le es propio, el de los derechos laborales individuales y colectivos. De ahí que, con la voluntad de conquistar nuevos derechos que ensanchen los horizontes de la lucha feminista, MC denuncia la violencia institucional como parte de las agresiones, a menudo invisibilizadas, que sufren las facultativas.
En diciembre de 2018, el Parlamento de Cataluña aprobó una moción que incluía la violencia institucional como parte de la violencia machista. Esta nueva orientación permitía reconocer que la Administración, además de garantista de derechos, podía también actuar como generadora de discriminaciones o violencias hacia las personas que trabajan a su servicio. Así, puede entenderse la violencia institucional como la acción u omisión por parte de las administraciones o instituciones que retrasen, obstaculicen o impidan el derecho a la protección de las personas.
La defensa y promoción de la igualdad por parte de las instituciones públicas va más allá de la equidad de derechos y oportunidades, y pasa por la adopción de las medidas necesarias para prevenir, disminuir y eliminar las condiciones y actitudes sociales que causan o perpetúan las discriminaciones sustantivas por sexo y por género. Unas actuaciones que la propia Administración y las empresas públicas deben aplicar de puertas adentro, para reducir los riesgos de sus empleadas y para desempeñar un rol ejemplificante de motor de cambio social.
En este contexto, MC sitúa la mirada sobre las facultativas embarazadas que sufren las consecuencias de jornadas extensas, en turnos rodados o nocturnos que afectan a su estado de salud. Tal y como demuestran las evidencias científicas, este sistema de trabajo puede producir trastornos del sueño, mentales, metabólicos y endocrinos, además de un evidente agotamiento físico. En el caso de las gestantes se añade la vulnerabilidad inherente al embarazo. En consecuencia, las medidas de actuación para su protección deberían ofrecer más celo, mayor seguridad y más garantías que las establecidas para el resto de trabajadores y trabajadoras.
Asimismo, el sindicato recuerda que las médicas retrasan cinco años, de media, su primer embarazo en relación con las mujeres de otras profesiones, algo que también debería tenerse en cuenta a la hora de adoptar las medidas de protección de la salud de la madre y el feto.
Por todo ello, MC se mantiene firme en la consideración de las guardias médicas de 24 horas como riesgo inherente para las doctoras embarazadas, por la exposición a agentes y patologías y por las propias dinámicas de estas jornadas de trabajo, que generan situaciones continuadas de estrés y fatiga que pueden afectar a la salud de la profesional y al desarrollo normal del feto. Es más, la organización no entiende que, a la vez que desde el Ministerio de Sanidad se está trabajando en la reforma general del sistema de atención continuada, con el objetivo de reducir las horas de trabajo del personal médico, los proveedores públicos de salud discriminen a las médicas embarazadas con una merma retributiva cuando éstas deciden dejar de hacer guardias por los efectos perjudiciales de las mismas.
