Como organización sindical profesional que defiende los derechos de los facultativos, a menudo hemos tenido que escuchar por parte de los sindicatos llamados 'de clase' que somos unos privilegiados. Unos privilegiados, dicen, por tener unos sueldos que son un poco más altos que los de otros colectivos sanitarios, aunque la realidad sea que, dentro de nuestra categoría profesional, a diferencia de las otras, las retribuciones son notablemente inferiores a la media española y europea. Unos sueldos que obtenemos por ejercer una de las profesiones con más alto grado de presión y responsabilidad. Una profesión a la que llegamos después de una década de estudios, tiempo durante el cual otras profesiones con menos requerimientos formativos se sitúan en el mercado laboral con titulaciones adicionales y plaza en propiedad.
Este supuesto privilegio también ha hecho que durante años las reivindicaciones laborales del colectivo médico, canalizadas a través de Metges de Catalunya (MC), fueran tratadas como menores o menos relevantes que las de otras organizaciones. Como si los médicos, por el solo hecho de serlo, tuvieran menos derecho a la defensa sindical. Afortunadamente, los tiempos están cambiando y también lo están haciendo los estereotipos y los prejuicios.
Gracias a la confianza creciente de los facultativos en su sindicato de referencia, MC ha podido repetir los resultados que le sitúan como la organización mayoritaria de la sanidad pública catalana. Una posición de liderazgo, sin embargo, que no encuentra su reflejo en la consideración de que desde la Administración se tiene del sindicato médico. Tanto la Generalitat como el gobierno central siguen considerando a CCOO y UGT como los dos sindicatos "más representativos" y, a raíz de esta consideración, que constituye casi un título nobiliario, los siguen favoreciendo con prebendas, subvenciones y, esta vez sí, privilegios que sitúan al resto de organizaciones en una posición de discriminación.
El último ejemplo de este trato de favor lo encontramos en el Pacto sobre Derechos Sindicales en el ámbito de la Administración de la Generalitat de Catalunya, firmado el 29 de junio de 2015. Este acuerdo define el número de liberaciones de carácter institucional y el crédito de horas mensuales a disposición de las organizaciones para el ejercicio del derecho de representación por parte de los delegados sindicales. En virtud de su condición de fuerzas mayoritarias, CCOO y UGT obtienen 61 de un total de 92 licencias institucionales. El resto (31) se reparten entre cinco sindicatos, entre los cuales MC, al que corresponden sólo dos liberados, aunque con idénticos resultados electorales antes tuviera derecho a cinco licencias.
Este favorecimiento es impropio y desproporcionado, ya que es más que cuestionable que la fuerza de CCOO y UGT en cualquier ámbito de la Administración sea tan mayoritaria. Sin ir más lejos, en el ámbito sanitario ambas se ven claramente superadas por MC y en determinados lugares ni siquiera ocupan la segunda y la tercera plaza en las elecciones sindicales.
Sin embargo, ambas organizaciones disponen de más representantes de los que les corresponderían por los resultados electorales obtenidos. Un caso escandaloso se da en la Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad del Institut Català de la Salut (ICS), donde CCOO y UGT, a pesar de no ser los sindicatos mayoritarios, reciben "porque sí" un representante más que las otras organizaciones. Que de los 15 componentes de la Mesa, los electores escojan 13 y se reserve uno para cada uno de estos sindicatos, sean cuales sean los resultados que obtengan, no es otra cosa que un pucherazo.
Y las prebendas no llegan sólo en forma de liberados o en la cantidad de sillas en los órganos de negociación, CCOO y UGT son los sindicatos que reciben más aportaciones económicas de la Generalitat (1,6 y 1,4 millones de euros, respectivamente, en el año 2014), mientras que MC recibe 0 euros de subvención pública, una política de ayudas que se repite año tras año.
Es hora de empezar a romper los esquemas y las estructuras políticas, empresariales y sindicales definidas en la transición, que han sido válidas durante el período de consolidación democrática, pero que reclaman una reforma para adaptarse a los nuevos tiempos e introducir los valores del nuevo contrato social (transparencia, participación, igualdad...). Cualquier distribución de derechos, reparto de subvenciones, representatividad en las mesas de negociación y en los órganos de participación que no se haga estrictamente en función de los resultados electorales es, hoy en día, totalmente inadmisible por antidemocrática.
