El próximo mes de julio se conmemora el 25 aniversario de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (LOSC) aprobada el 9 de julio de 1990. Por medio de esta norma se ha configurado el modelo sanitario catalán, con un diseño propio y diferente al del resto del Estado español. Por ahora, ni la administración catalana ni las instituciones sanitarias se están haciendo eco de este cuarto de siglo de desarrollo del sistema catalán de salud.
La LOSC permitió incorporar a la gestión del sistema sanitario público los recursos propios de la Administración –en 1983 se había creado el Institut Català de la Salut (ICS) por transferencia del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD)- y toda una red de instituciones sanitarias de titularidad municipal y de entidades, la mayoría de las cuales sin ánimo de lucro, que eran un reflejo de la inquietud asociativa de la sociedad catalana y de la actividad altruista de diferentes organizaciones religiosas arraigadas en el país.
Aprovechar esta red preexistente para tejer un servicio público de salud posibilitó que el sistema fuera inmediatamente operativo. La insuficiente red hospitalaria transferida por el Estado habría hecho necesario construir infraestructuras sanitarias, pero gracias a la integración de esta red se pudo atender la creciente demanda asistencial sin hacer grandes inversiones por parte de la Generalitat.
Con el tiempo, la red de entidades sanitarias de uso público ha ido creciendo y ha incorporado entes de nueva creación. La propia Generalitat ha creado nuevas empresas públicas, mientras el ICS se ha mantenido estancado. Incluso cuando la ley de 2007 (Ley 8/2007 del Institut Català de la Salut) facultaba a la Generalitat a reconvertir el ICS en una empresa pública, se siguió potenciando la creación de nuevas entidades y consorcios de forma dispersa, sin unidad de mando.
Paralelamente, consistorios e instituciones de ámbito local, han creado, con financiación pública, nuevos centros sanitarios. El crecimiento de la red se ha hecho, sin embargo, sin una planificación rigurosa. La construcción de infraestructuras a menudo ha respondido más a los intereses políticos locales que a las necesidades asistenciales. Así nos encontramos que mientras la necesidad de camas ha bajado desde 1992 (20.000 camas de agudos frente a las 13.000 actuales) el número de hospitales no ha parado de crecer.
Sociedades municipales
En estos 25 años también han proliferado las sociedades instrumentales municipales creadas para gestionar servicios que, en principio, corresponderían a los ayuntamientos pero que se externalizan, y también servicios que son responsabilidad de otras administraciones como la asistencia sanitaria. En algunos municipios las sociedades han ido dando lugar a entidades que en la práctica terminan gestionando la mayor parte del presupuesto municipal.
Esta manera de proveer servicios municipales, incluidos los de salud, consistente en dejarlos en manos de empresas a cambio de colocar concejales en sus consejos de administración, sigue creciendo más allá de los municipios, de la comarca e incluso de la propia comunidad autónoma.
En el ámbito sanitario, muchas de estas empresas públicas se han asociado para crear patronales. Actúan como intermediarias entre los trabajadores y los titulares de la empresa (en la mayor parte de los casos la propia Generalitat) y no sólo eso, las patronales también crean sus empresas nacidas para ofrecer servicios a las propias asociadas que terminan como concesionarias de servicios de asistencia y gestión sanitaria.
La complejidad organizativa y de interrelación de esta red de empresas y las dificultades para controlarlas han sido motivo de análisis de la Sindicatura de Cuentas que ha emitido un informe en el que se concluye que el modelo de gestión sanitaria del ICS es menos vulnerable a las corruptelas y a las irregularidades que la Sindicatura define como habituales en las empresas públicas y los consorcios.
Los escándalos de corrupción vinculados a las empresas concertadas surgidas al amparo de la LOSC recomiendan la revisión en profundidad del modelo sanitario catalán. El caso Innova, separado en seis piezas judiciales, con cerca de 50 imputados, entre ellos dos ex directores del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), obliga al poder legislativo a elaborar nuevas reglamentaciones que eviten las actuaciones delictivas y dificulten las irregularidades denunciadas por la Sindicatura de Cuentas.
Mientras esto no ocurra, parece poco prudente sacar adelante iniciativas que refuercen estas estructuras, o que creen nuevas, como el consorcio sanitario de Lleida, en detrimento de la Administración pública y todos sus sistemas de supervisión, inspección e intervención. La gestión pública quizás es más pesada, pero también es incomparablemente más transparente y mucho más controlable.
Por otra parte, no hay ninguna evidencia que demuestre unos mejores resultados asistenciales con la modalidad de concesión externa de los servicios. El objetivo, por tanto, debería ser que la Administración pública sea más ágil y menos burocrática, en vez de querer sustituirla por entidades de más fácil gestión pero de mucho más difícil control.
